La desobediencia contra las restricciones reimpuestas por la Nación, con adhesión plena de la Provincia, es manifiesta. Y generalizada. Los comerciantes dispuestos a no acatar las disposiciones de cierre de sus negocios, ordenadas como medidas oficiales para combatir la segunda ola de coronavirus, son cientos. Y los ciudadanos que respaldan a esos emprendedores son miles. Hay una franca rebelión. No hay adhesión a la norma sino a su rechazo. Y en ese fenómeno se puede advertir, sin necesidad de microscopios, la distancia que existe entre dos conceptos cuya distinción es tan sutil que suelen ser confundidos. Una cosa es el poder y otra es la autoridad. Hoy, en estas tierras, el poder tiene un problema de autoridad.
Puesto en términos domésticos, el padre dice “abrígate o no salís” y le da una campera a su hijo; mientras que el abuelo consigna “¿por qué mejor no llevas un abrigo?” y el nieto busca solito la campera. El padre es el poder y cuenta con la coerción para imponer su ley. El abuelo es la autoridad que no necesita amenazas para que se acepte su postulado.
En el plano del Estado de Derecho, la diferencia entre ambos conceptos (a riesgo de reduccionismos) es que la autoridad es una fuente de poder. Si el monopolio de la fuerza pública le da al poder capacidad efectiva, la autoridad le otorga la condición de genuino.
Siguiendo a Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino en su “Diccionario de Política”, la concepción clásica de la autoridad “estabilizada” tiene que ver con una obediencia guiada por un convencimiento pleno de parte de quien acata. Es decir, la autoridad goza del atributo de no ser cuestionada en sus motivos. Cuando hay autoridad, el que obedece lo hace con la convicción de que las razones del que manda (el mandatario, el que tiene el mandato) siempre están orientadas hacia el bien mayor. Entonces, en términos de democracias y repúblicas actuales, la obediencia a la autoridad, más que incondicional, es incondicionada.
Del déficit de esa autoridad está hecha la rebelión detonada en el país. En el caso específico de las medidas para combatir la covid-19, el oficialismo ha perdido autoridad por una doble vía. Por un lado, por el mal manejo de la pandemia (que la oposición, directamente, tilda de “fracaso”). La decisión gubernamental de obturar un acuerdo con Pfizer por 14 millones de vacunas, y de invertir millones de dólares en las vacunas de AstraZeneca que sólo ahora comienzan a llegar, y en cuentagotas, es infinitamente más que un error: es un desastre. Tuvieron que sumar 70.000 los muertos en la Argentina para que la Nación decidiera “reabrir” las negociaciones con el laboratorio al que antes le cerró las puertas.
Por otro lado, frente a la escasez derivada de la ineficacia estatal para conseguir vacunas (los avances de Chile en esa materia no hicieron más que evidenciar la impericia oficial), estalló el escándalo de los “vacunados VIP”. No había dosis para inmunizar a los adultos mayores y, sin embargo, jóvenes de “La Cámpora” inundaban las redes sociales con fotos en las que, con los dedos en “V”, exhibían que sí había inmunidad e impunidad para ellos. Y también para los funcionarios de primerísima línea, como Carlos Zannini: mientras a diario se mueren médicos que no consiguen una vacuna, él y su esposa sí tuvieron las suyas, haciéndose pasar por “personal de salud”. Y confrontados contra ese abuso de poder, el procurador general del Tesoro aseguró que de lo “único” que se arrepiente es de no haberse tomado una foto como las de los camporistas.
Al oficialismo, entonces, no le arrebataron autoridad: él se ocupó de perderla. La oposición le disputa al Gobierno el poder. Pero son los propios miembros del oficialismo los que se han encargado de rifar la autoridad que supieron tener en abundancia. Hace tan sólo un año, el presidente Alberto Fernández les decía a los argentinos que su compromiso era con la vida de las personas y todos se acogieron a la fase 1 de la cuarentena. Ahora, el mismo mandatario toma una medida similar y la respuesta de miles de ciudadanos es palmaria: ¿con qué autoridad mandan las autoridades a que el pueblo se encierre nuevamente?
En la modernidad (abordan Bobbio, Matteucci y Pasquino), la obediencia se funda en la creencia de la legitimidad. El poder que ejercen los gobernantes de la democracia es absoluta e indubitablemente legítimo: emana del pueblo. Pero no es un asunto de poder, sino de autoridad. Y el oficialismo ha deslegitimado buena parte de su autoridad respecto de la pandemia. Tucumán no escapa a esa situación. Las multitudinarias fiestas de concejales y delegados comunales han sido escandalosas noticias. El vicegobernador Osvaldo Jaldo cuestionó duramente al gobernador Juan Manzur por su participación en un locro el 1 de Mayo. El funcionario José Antonio Gandur se proveyó de vacunas para él y toda su familia y no se conocen reparos institucionales en su contra. La Legislatura sesionó con sus miembros usando máscaras de bioseguridad donadas por una ONG para protección del personal de la salud y tampoco hubo reproches oficiales para el legislador que gestionó ese “error”.
De la combinación armónica de los elementos de la concepción clásica de la autoridad “estabilizada” y de la concepción moderna de la autoridad “legítima” surge –dice “el Diccionario de Política”- “la actitud más o menos estable a través del tiempo a la obediencia a los mandatos o a las directivas” de un gobierno. Precisamente, “en la esfera social a la que se refiere la autoridad, tiende a formarse la creencia de que la autoridad tiene el derecho de mandar y que los que están sometidos tienen el deber de obedecerle”.
Lo cual implica que la autoridad presupone un juicio de valor positivo acerca del poder. Y esa opinión positiva podrá deberse a una comprobación “remunerativa”: obedecer tiene compensaciones. Es decir, pragmatismo. O podrá deberse a una concepción “normativa”: el reparto de premios y castigos, materiales y simbólicos. Es decir, moral. El rechazo contras las restricciones se da hoy nada menos que en esas dimensiones.
La autoridad, por lo tanto, queda configurada como un asunto de doble vía. Por un lado, en su faceta más evidente, la autoridad “es la aceptación de la obligatoriedad de la obediencia”. A la vez (y aquí lo revelador) “también entraña la pretensión por parte de la autoridad al derecho de encontrar esa obediencia”.
De eso no se consigue en la Argentina. Y no hace falta saber si el oficialismo se ha dado por enterado de esa pérdida de autoridad: el pueblo lo está notificando.